En consonancia con el pronunciamiento del Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) del pasado 4 de marzo, la Asociación de Funcionarios de Colonización (Afinco), manifestó en un comunicado, el pasado 12 de marzo, su rechazo a la ley de urgente consideración (LUC) en el entendido de que los artículos 313 y 314, que modificarían la ley de colonización n.°11 029, y «toman definiciones políticas de extrema relevancia respecto de la propiedad y uso de la tierra». Para Afinco, los cambios propuestos en la LUC «ponen en cuestión y redefinen
la naturaleza» del INC, «en particular, el fin social del uso de la tierra y la población objetivo a atender con la política pública».
«Asimismo, se volcarían al mercado de tierra importantes superficies que la sociedad uruguaya resguardó por varias generaciones y que tienen valor tanto en la dimensión económica-productiva como social, ambiental, cultural y comunitaria», agrega la declaración fechada el 12 de marzo.
El artículo 313, dice el sindicato, «elimina la obligación de trabajar directamente las fracciones y exime de la obligatoriedad de residencia a las familias colonas. Es conveniente preguntarse quiénes serán los beneficiarios/as de la política de arrendamiento si no es necesario trabajar directamente. Según nuestra experiencia, la población
en el territorio, es decir, asalariados/as rurales y productores/ as familiares, no plantean inconvenientes al respecto, pero quienes sí lo hacen son empresarios con capital, que viven en las ciudades y, en general, se dedican a otras actividades económicas y ansían aumentar sus ingresos especulando con campos del Estado. A su vez, la institución cuenta hoy con mecanismos de excepción para habilitar la no residencia en los casos que
amerite, por lo que, todo indica que las intenciones son cambiar la población objetivo de la política pública más que contemplar ciertas situaciones» El artículo 314, asegura Afinco, «devolvería al mercado unas 120.000 hectáreas que actualmente forman parte de colonias establecidas hace muchos años y si bien son propiedad de colonos/as, el INC mantiene regulación sobre éstas, su intermediación impide que empresas no vinculadas al agro, en muchos casos multinacionales, especulen con la tierra como si fuese un recurso financiero.»
El sindicato encuentra preocupante «que en los discursos electorales político-partidarios se plantee como problemático el despoblamiento del medio rural pero luego se tomen iniciativas que van en contra de asegurar
las condiciones de vida en el campo», y recuerda que los problemas sociales y de acceso a servicios que tiene la población del medio rural «no se resuelven fomentando el éxodo de algunas familias elegidas a las ciudades».
«En Afinco queremos construir juntos un instituto que brinde igualdad de oportunidades y donde el respeto mutuo sea el camino que transitemos quienes trabajamos en esta hermosa tarea que es afincar familias en el
campo», concluye la declaración.
