La pandemia de covid-19 sumó 100.000 el número de pobres en Uruguay, un país que se caracterizó por sus políticas sociales y que ahora ocupa el último lugar en el ránking de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en transferencias monetarias a la población vulnerable.
En febrero, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que en 2020 el país invirtió el 2,3 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), unos
1.217 millones de dólares, para hacer frente a la pandemia.
De esa cifra, 711 millones de dólares, 1,3 por ciento del PIB, fueron inversión directa, con medidas de asistencia al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), seguros por enfermedad y subsidios por desempleo, mientras que el resto fue al Sistema de Garantía (SIGA) que el Estado financia para facilitar el acceso a créditos bancarios de las empresas.
«La repuesta a la pandemia fue contundente», dijo Arbeleche, quien indicó que en comparación con 2019 hubo un 40 por ciento más de beneficiarios
del Mides.
Sin embargo, mientras en 2019 la pobreza estaba en 8,8 por ciento, la informalidad por debajo del 25 por ciento de la población ocupada y Uruguay tenía
la menor desigualdad económica del continente, en 2020 la pobreza aumentó a 11,6 por ciento, lo que se traduce en 100.000 personas más a las 300.000
que ya se encontraban en esa situación.
ECONOMÍA VERSUS SALUD
La economista Gabriela Mordecki, coordinadora del Área Macroeconómica del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República (UdelaR), dijo a Sputnik que las medidas adoptadas por el Gobierno «van en contra de las necesidades de salud de la gente».
En ese sentido, sostuvo que es necesario que se den subsidios directos a quienes no tienen trabajo para que puedan quedarse en su casa, porque «la realidad es que la solución no pasa a facilitar la forma de acceder a créditos. La gente ya no tiene la posibilidad de endeudarse.
Hace un año que hay miles de uruguayos que no pueden llevar un plato de comida a su hogar y come en ollas populares. El Gobierno no da soluciones,
pone parches».
Uruguay, el país donde hace ocho meses la tasa de mortalidad por covid-19 era de 1,28 cada 100.000 habitantes, hoy enfrenta un índice de 57,85 cada
100.000. A comienzos del mes pasado, el Gobierno llamó a «blindar abril», volviendo a la cuarentena voluntaria para reducir los contagios y las muertes,
pero la estrategia no funcionó.
«Cierran los programas sociales y Uruguay sigue estando en uno de los últimos lugares en inversión al lado de países pobres, que no tienen de donde
sacar para gastar, pero aun así lo hacen. Lo que se está dando no es suficiente, y aunque la gente no quiera, tiene que salir a la calle para trabajar», señaló
Mordecki.
TRANSFERENCIAS MONETARIAS
La previsión de inversión del Ministerio de Economía para la pandemia en 2021 es de 900 millones de dólares, 1,6 por ciento del PIB. Esto incluye el mantenimiento de las medidas ya adoptadas y la incorporación de otras nuevas como el pago de un subsidio a los monotributistas por tres meses, la duplicación de las canastas y de las asignaciones familiares para las personas de menores recursos, programas de créditos para empresas y exoneraciones
en los cargos fijos de luz y teléfono.
Sin embargo, estas medidas no tienen mayor impacto en el bolsillo de los más necesitados. A modo de ejemplo, la duplicación transitoria de la asignación
familiar del Mides, un beneficio que reciben las personas de menores recursos con hijos a cargo, supone un adicional de 3.000 pesos por mes. Son
68 dólares mensuales, en un país donde el salario mínimo nacional es de 17.930 pesos, lo que equivale a 407 dólares.
Para el economista Bruno Giometti, integrante del equipo del Instituto Cuesta Duarte, centro de investigación de la central única de trabajadores PITCNT, deberían invertirse más recursos en transferencias monetarias a las familias en situación de pobreza y cercana a la pobreza, destinarse mayores subsidios a empresas pequeñas y medianas con exigencia de contrapartidas en términos de mantenimiento del empleo, e incrementar los subsidios especiales a sectores
afectados por la reducción de movilidad.
DISCREPANCIA EN CIFRAS
Giometti dijo a Sputnik que los 900 millones de dólares proyectados por el Gobierno no son una cifra exacta, ya que contabilizan entre otros aspectos el gasto en salud, como el programa de vacunación y las nuevas camas de terapia intensiva, además de las medidas para el sector productivo, como transferencias monetarias, subsidios a las empresas en dificultades y subsidios por desempleo.
En ese sentido, el total proyectado para atender la pandemia, según el economista, «es 430 millones de dólares, menos de lo que
se invirtió en 2020».
El experto criticó que el Gobierno no haya adoptado algunas de las medidas recomendadas por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), como licenciar a la población con enfermedades crónicas, restringir las actividades económicas no esenciales, reducir el aforo en el transporte público y suspender las actividades deportivas.
«Todas estas medidas cuestan dinero porque deben ir acompañadas de compensaciones económicas. Es notorio que en esta disyuntiva, el Gobierno ha preferido no invertir más recursos», puntualizó.
Con o sin inversión, los números de la pandemia hablan por sí mismos. En la noche del martes, Uruguay acumulaba un total de 206.946 contagiados y
2.861 fallecidos desde el 13 de marzo de 2020, cuando el presidente Luis Lacalle Pou decretó la emergencia sanitaria.
Con estas cifras, el Gobierno llama a «blindar mayo» en un país donde la pandemia no solo hiere con las vidas perdidas, sino también con los
100.000 nuevos pobres, que se suman a los 300.000 preexistentes y que no pueden hacer cuarentena porque, como otros, se ven obligados a
salir a las calles para poder comer. (Sputnik)
